El Gobierno apura para perfilar la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al tiempo que los fondos y grandes propietarios de vivienda en España presionan para que finalmente se acaben relajando algunos de los cambios que baraja el Ministerio de Fomento. De lo contrario, advierten, se plantean rebajar el volumen de sus inversiones futuras en nuestro país.

Sólo en el mes de octubre, los alquileres registraron una subida media del 2,7% en comparativa interanual, según datos de Fotocasa. Fomento estudia vías para frenar la escalada de precios y facilitar el acceso generalizado a una vivienda. Prepara un plan que incluye mayores garantías para los inquilinos y más exigencias para los propietarios, especialmente para los grandes propietarios, de ahí sus protestas, ya que lejos de flexibilizar el mercado del alquiler, a sus ojos, lo ralentizará. La prórroga de los contratos de arrendamiento y los gastos de gestión inmobiliaria y formalización son dos de los aspectos que más han enconado el ánimo de algunos de esos grandes tenedores consultados, ya que el Gobierno pretende imponer condiciones más duras sobre ellos que sobre los propietarios particulares. Entre otras cosas, el Ejecutivo contempla ampliar el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años en el caso de que el arrendador sea un particular, y hasta los siete años si se trata de un gran propietario; además, estos últimos –no los particulares– tendrán que correr con los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato. Para las fuentes consultadas, se trata de “medidas discriminatorias” que no sólo afectarán a la inversión, sino también a los precios, que podrían encarecerse, provocando así el efecto contrario al que persigue la reforma. Apuntan, en este sentido, que exigirán a los inquilinos rentas más altas en origen para cubrir riesgos futuros y garantizarse un nivel de rentabilidad determinado.

Más del 95% del mercado residencial español está en manos de propietarios particulares y el resto, en un porcentaje que oscila entre el 3% y el 5%, recae en manos de fondos y grandes inversores. Éstos desembarcaron en España aprovechando que los descuentos generados por el estallido de la burbuja del ladrillo y en los últimos años han aumentado progresivamente sus carteras hasta hacerse con miles de viviendas por todo el país. A nivel general, su estrategia pasa por comprar barato, explotarlas en régimen de alquiler y deshacer sus inversiones pasados unos años, obteniendo la mayor rentabilidad posible en la salida.

La reforma de la LAU en la que trabaja el Ejecutivo incluye medidas que pasan por ampliar el parque de viviendas sociales con 20.000 nuevas casas en los próximos años o permitir que los ayuntamientos puedan regular las subidas de precios “abusivas” en zonas tensionadas.

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en El Mundo, pag. 38